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24/11/2017 - 3:53:37 AM

Cortes de inmigración en EEUU, una ruleta rusa para extranjeros que huyen de la violencia

REPORTE ESPECIAL(Reuters) Cortes de inmigración en EEUU

OAKLAND, California (Reuters) - Las dos mujeres hondureñas contaron historias casi idénticas a las cortes de inmigración: el temor por su vida y por la de sus hijos las llevó a buscar asilo en Estados Unidos.

cortes ruleta rusa

Fueron elegidas en 2013 para la junta de la asociación de padres en la escuela de sus hijos en la capital hondureña, Tegucigalpa. Esperaban que madres pudieran trabajar juntas para desbancar a las violentas pandillas que plagaban el colegio.

En cambio, se convirtieron en blancos. Con semanas de diferencia, en la primavera del 2014, cada una de las mujeres fue abordada por pandilleros armados que prometieron matarlas y a sus hijos si no cumplían sus demandas.

Sin saber de las dificultades de la otra, ambas huyeron con sus hijos, realizando la peligrosa travesía a través de México. Las dos fueron detenidas cerca de Hidalgo, Texas, y terminaron encontrándose en el mismo centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés) en Artesia, Nuevo México. Allí

solicitaron asilo.

En ese momento fue cuando su suerte se diferenció.

Sandra Gutiérrez se reencontró con su esposo en California, donde su caso fue presentado ante un juez de inmigración en San Francisco. Al final de su audiencia por asilo en septiembre del 2016, recibió un formulario de una página con una “X” en la casilla junto a la palabra “otorgado”. Era libre de establecerse con su familia en Estados Unidos.

La otra mujer, Ana, viajó al sureste del país a juntarse con el padre de su hija y su caso fue asignado a una corte de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte. Allí, el juez negó su petición y ordenó su deportación. Ahora espera una fecha ante la corte luego de que nuevos abogados lograron que se reabriera su caso.

Ana declinó ser entrevistada para este artículo. A través de sus abogados, pidió que su nombre completo no fuera usado debido a su estatus incierto y a su temor de que las pandillas hondureñas pudieran encontrarla.

Los abogados de las mujeres formularon sus respectivos casos con diferencias importantes. Sin embargo, ellas argumentaron las mismas razones para pedir asilo: fueron blanco de las pandillas por su participación en la asociación de padres y, por ello, ellas y sus familias fueron amenazadas.

Juntos, los dos casos -casi indistinguibles en sus líneas generales pero con resultados opuestos- ilustran un hecho problemático: la posibilidad de que un inmigrante pueda quedarse en Estados Unidos depende en mayor parte de quién escuche el caso y en dónde.

El juez Stuart Couch, quien escuchó el caso de Ana en Charlotte, ordena la deportación de inmigrantes el 89 por ciento de las veces, según un análisis de Reuters de más de 370.000 casos presentados en las 58 cortes de inmigración en Estados Unidos en los últimos 10 años. El magistrado Dalin Holyoak, a quien llegó el caso de Gutiérrez en San Francisco, ordena la deportación en el 43 por ciento de los casos.

En Charlotte, las órdenes de deportación de inmigrantes se dan en el 84 por ciento de los casos, más del doble que en San Francisco, donde sólo el 36 por ciento termina en deportación.

Los jueces Couch y Holyoak y sus cortes no son casos excepcionales, de acuerdo al análisis. Las variaciones entre los magistrados y los tribunales son extendidas.

La jueza Olivia Cassin en la ciudad de Nueva York permitía que los inmigrantes permanecieran en el país en el 93 por ciento de los casos que se presentaban en su corte. La magistrada Monique Harris en Houston lo hacía en apenas el 4 por ciento. En Atlanta, un 89 por ciento resulta en órdenes de deportación. En Nueva York, el 24 por ciento.

El análisis de Reuters se basó en información de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR por su sigla en inglés), la unidad del Departamento de Justicia que supervisa las cortes de inmigración.

En la cuenta de deportación, Reuters incluyó casos en que los jueces permitieron que los inmigrantes abandonaran el país de manera voluntaria.

El análisis excluyó inmigrantes que se encontraban en centros de detención cuando sus casos fueron presentados porque se manejan de manera diferente. También excluye los de los inmigrantes que no se presentaron en la corte que casi siempre terminan en órdenes de deportación, y casos finalizados sin una decisión o cerrados a pedido de un fiscal.

Aproximadamente la mitad de los casos en el análisis fueron presentados por personas que solicitaron asilo como las dos mujeres hondureñas. El resto fueron solicitudes de cancelación de órdenes de deportación u otras modificaciones al estatus migratorio.

“FLAGRANTES DISPARIDADES”

Por supuesto, otros factores influyen en el resultado de las cortes de inmigración. Por ejemplo, la política del Gobierno estadounidense es más indulgente hacia personas de algunos países que de otros.

Además, los jueces de inmigración están limitados por precedentes establecidos en cortes federales de apelación que cubren sus localidades.

Las cortes de inmigración en California y en el noroeste están bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito y ellos fallan a favor de los inmigrantes con mayor frecuencia que cortes en el Cuarto Circuito, que incluye Carolina del Norte y del Sur, Maryland y Virginia, encontró Reuters.

A pesar de esto, el análisis determinó que quién escuche un caso y dónde lo haga siguen siendo predictores confiables de qué decisión se tomará. Un inmigrante era aún cuatro veces más propenso a obtener asilo otorgado por el juez Holyoak en San Francisco que por el magistrado Couch en Charlotte.

El análisis de Reuters también concluyó que las características y situación personal de un juez de inmigración pueden afectar los resultados. Los hombres son más propensos a ordenar deportaciones, al igual que magistrados que han trabajado como fiscales del ICE. Cuanto más tiempo ha trabajado el juez, es más probable que otorgue asilo.

Los resultados subrayan lo que académicos y auditores del Gobierno se han quejado por largo tiempo sobre las cortes de inmigración: las diferencias entre los jueces y los tribunales pueden hacer que el sistema resulte injusto y hasta inhumano.

“Es claramente preocupante cuando existe esta clase de flagrantes disparidades”, dijo Karen Musalo, directora del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Facultad de Derecho de Hastings de la Universidad de California en San Francisco. “Estos son temas de vida o muerte (...) Que ganes o pierdas no debería depender de a qué juez le toque tu caso”, añadió.

La portavoz de EOIR, Kathryn Mattingly, dijo que la agencia no hace comentarios sobre análisis externos de sus datos.

Devin O‘Malley, un portavoz del Departamento de Justicia, cuestionó el análisis de Reuters, citando “numerosas declaraciones contradictorias, errores de cálculo y otros errores de datos”, pero se negó a ahondar en sus argumentos.

Los jueces de inmigración, designados por el fiscal general de Estados Unidos, no están autorizados para hablar sobre los casos.

Dana Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que cada caso es como “un rompecabezas de 1.000 piezas”. Si bien dos casos pueden parecer idénticos en la superficie, cada magistrado debe sopesar todos los matices de la ley de inmigración para permitir que alguien permanezca en el país, lo que puede terminar en resultados diferentes, argumentó.

El tema de trato igualitario por parte de los jueces ha ganado urgencia ya que el número de casos en cortes de inmigración se disparó a máximos históricos. Bajo el gobierno del presidente Barack Obama, los tribunales comenzaron a contratar más jueces de inmigración para así reducir el creciente retraso del sistema, que ahora es de 620.000 casos, casi 100.000 agregados desde diciembre pasado.

El Gobierno del presidente Donald Trump continúa con el esfuerzo. El fiscal general Jeff Sessions dijo en abril que el Departamento de Justicia planeaba contratar más de 50 jueces este año y 75 en el 2018, lo que dejaría el total de magistrados actuantes por encima de 400.

De los 28 jueces de inmigración que Sessions designó hasta ahora, 16 son exfiscales del ICE. Esa experiencia, según el análisis de Reuters, los hace 23 por ciento más propensos a ordenar deportaciones. Ni Holyoak ni Couch trabajaron como fiscales del ICE, según sus biografías en EOIR.

En una lista de propuestas de inmigración enviada al Congreso el 8 de octubre, la Casa Blanca dijo que las “normas legales laxas” habían llevado al atraso de la corte de inmigración y que “las decisiones judiciales equivocadas han impedido la remoción de numerosos criminales extranjeros”.

Entre las propuestas a cambio de un acuerdo con el Congreso sobre los aproximadamente 800.000 “dreamers” -niños traídos al país ilegalmente por sus padres-, el Gobierno de Trump dijo que quería contratar incluso más jueces de inmigración y 1.000 abogados para el ICE, además de “establecer métricas de desempeño para los jueces de inmigración”.

CRISIS EN LA FRONTERA

En el 2014, un número sin precedentes de 68.000 padres y niños, en su mayoría huyendo de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, cruzaron hacia Estados Unidos desde México, una crisis de refugiados que ha contribuido a demorar las peticiones de asilo. Muchos de los inmigrantes, incluyendo Gutiérrez y Ana, convencieron a los entrevistadores iniciales que tenían un “miedo creíble” de volver a su tierra natal, el primer paso para presentar una solicitud de asilo.

Ser originario de un país con una de las mayores tasas de asesinatos en el mundo habría ayudado al “miedo creíble”. Pero las dos mujeres ya estaban en desventaja, precisamente porque son de Honduras.

El país de origen es un factor importante en la determinación de quién recibe asilo en Estados Unidos porque los inmigrantes de algunas naciones obtienen protecciones especiales.

Por ejemplo, el análisis de Reuters detectó que las cortes fallaron a favor de inmigrantes chinos en el 75 por ciento de los casos. Una ley de 1996 expandió la definición de refugiados políticos para incluir a personas que son forzadas a abortar un niño o someterse a esterilización, permitiendo a las mujeres chinas denunciar persecución bajo las políticas obligatorias de Pekín de control de natalidad.

Los hondureños no reciben consideraciones especiales. Se les permitió permanecer en Estados Unidos en apenas el 16 por ciento de los casos, según el análisis de Reuters.

El éxodo masivo desde América Central ocurría cuando Gutiérrez y Ana fueron elegidas para la asociación escolar en la primavera boreal de 2013.

Dos pandillas rivales, Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, operaban descaradamente en el barrio. El año anterior, según registros policiales en Honduras, pandilleros mataron a un guardia de seguridad escolar. Ahora, extorsionan a maestros, venden drogas abiertamente y agreden o matan a cualquiera que los enfrenta.

La nueva junta directiva de la asociación de seis miembros intentó mejorar la seguridad en la escuela, ubicada en un camino de tierra detrás de un muro alto con alambre de púas.

“Antes, nadie quería hablar nada de las pandillas”, dijo Gutiérrez. “Éramos las valientes. Anteriormente el presidente era un varón, pensamos ‘nosotras somos mujeres, no nos van a hacer nada’”, añadió.

El director de la escuela, quien pidió que ni él ni el establecimiento educativo fueran identificados por temor a las represalias, trabajó con la junta. Tuvieron un éxito inicial, dijo, cuando convencieron a la policía de colocar más oficiales para vigilar la escuela. Pero las patrullas se fueron tras unas pocas semanas, probablemente intimidados por las pandillas.

Una tarde de abril en 2014, Gutiérrez miraba televisión en casa con sus dos hijos, de 5 y 11 años, cuando escuchó que golpeaban la puerta. Su hijo mayor reconoció a los tres jóvenes armados y con tatuajes como los mismos que lo arrojaron al suelo ese día, diciéndole, no por primera vez, que querían que se uniera a sus filas. Ahora venían a entregar un mensaje a Gutiérrez.

“Dijeron ‘Ya sabemos que perteneces a la asociación de padres’”, contó Gutiérrez. “Dijeron ‘Vamos a matarte a ti y a tus hijos”.

“Entré en pánico, me sentí temblorosa”, comentó. “Pensé ‘mejor me voy, no voy a arriesgar la vida de mis hijos’”, agregó.

Empacó rápidamente algunas mochilas para ella y sus niños y llamó a la única amiga que conocía con un automóvil. Condujeron toda la noche hasta la casa de la madre de su amiga en otro pueblo.

“SIN POLICÍAS”

Dos meses más tarde, según los documentos judiciales, Ana se dirigía a casa con su hija de 7 años desde la escuela cuando tres miembros de una pandilla rival las confrontaron. Dos de ellos las agarraron y apuntaron con un arma a la cabeza de la niña. El tercero apuntó a la cabeza de Ana.

Les exigieron un pago de más de 5.000 dólares en 24 horas, una suma enorme para una mujer que vendía tortillas para ganarse la vida.

Ana declaró en su juicio de asilo que sabía que eran pandilleros “porque vestían ropa holgada y también tenían tatuajes feos (...) en todo el cuerpo y en las caras”.

Ana y su hija corrieron a casa y luego, temiendo que la pandilla las persiguiera, huyeron por la puerta trasera. “Tuvimos que saltar sobre una pared y me lastimé el pie”, dijo en una declaración jurada. “Estaba desesperada y sabía que tenía que irme: la vida de mi hija y la mía estaban en peligro”.

El director de la escuela dijo que entiende por qué Gutiérrez y Ana se fueron de Honduras. “Aquí no había policía, no había nada, (las pandillas) hacían lo que querían”, contó. “Ellos decían: ‘Vamos a matar a los miembros de la asociación de padres de familia para se salgan de aquí'. Entonces, las mujeres se fueron huyendo”.

Gutiérrez se escondió durante dos meses en la casa de la madre de su amiga, en las afueras de Tegucigalpa. Se unió a otra mujer y, con sus hijos, se dispusieron a cruzar México. En el viaje, fueron secuestradas -lo que es común para migrantes centroamericanos- y retenidas por un rescate de 3.500 dólares.

Gutiérrez contactó a familiares que recolectaron el dinero. Los secuestradores la liberaron a ella y a sus dos hijos cerca de la frontera con Estados Unidos. Allí se amontonaron con otro grupo de migrantes en una balsa inflable y cruzaron el Río Grande, la frontera entre México y Estados Unidos. Llegaron cerca de Hidalgo, Texas.

Después de caminar durante una hora y media, perdida y desesperada, Gutiérrez y sus hijos se sentaron en medio de un camino de tierra y esperaron a que alguien pasara. Dos oficiales uniformados los recogieron. Finalmente fueron trasladados al centro de detención de ICE en Artesia.

Ana huyó con su hija la noche en que los pandilleros las amenazaron en la calle. “Compramos un pase de autobús para ir a Guatemala y de Guatemala a México y a la frontera entre Estados Unidos y México”, según su testimonio en la corte. El viaje duró tres semanas. En México, contrató a un coyote para que las ayudara a cruzar a Estados Unidos y luego se entregó a agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Hidalgo. Llegó al centro de detención de Artesia semanas después de Gutiérrez.

“Yo no fui quien la miré, sino que fueron otras muchachas que me dijeron que había otra muchacha de Honduras y que posiblemente nos conocíamos y, por casualidad, pues yo estaba con la duda de quién era. Y una vez que fuimos a almorzar, en el comedor, pues ahí vi que eran ellas”, dijo Gutiérrez.

En ese momento fue cuando ella se enteró de que su compañera en la asociación de padres había sido amenazada y había huido de su hogar. Los abogados voluntarios ayudaron a las mujeres a preparar y presentar sus solicitudes de asilo.

A finales de 2014, las dos mujeres fueron liberadas bajo fianza. Gutiérrez se mudó con sus hijos a Oakland, California, para unirse a su esposo, y solicitó que su caso fuera trasladado a San Francisco. Ana se fue a vivir con el padre de su hija y solicitó que llevaran su caso a Charlotte.

“ZONAS LIBRES DE ASILO”

Muchos inmigrantes que obtienen la libertad bajo fianza antes de que sus casos sean escuchados no tienen idea del hecho de que a la corte a la que acudan puede influenciar el resultado entre conseguir un estatus legal y la deportación.

Las personas familiarizadas con el sistema están muy conscientes de la diferencia. Cuando Theodore Murphy, un ex fiscal de ICE que ahora representa a inmigrantes, tiene un cliente en una jurisdicción con una alta tasa de deportación y cerca está uno con una tasa más baja, “les digo que se muevan”, comentó.

La corte de Charlotte que escucharía el caso de Ana fue una de las cinco jurisdicciones etiquetadas como “zonas libres de asilo” por un grupo de defensores de inmigrantes en un testimonio escrito el pasado diciembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los tribunales en Dallas, Houston, Las Vegas y Atlanta también recibieron la designación.

Los activistas declararon que, mientras que el asilo se otorga en casi la mitad de los casos en todo el país, los jueces de Charlotte lo hicieron en sólo el 13 por ciento de los procesos en 2015.

La corte de Charlotte fue señalada por mostrar una “parcialidad particular frente a solicitudes de asilo vinculadas a pandillas centroamericanas y relacionadas con el género”.

El juez Couch es el más duro de los tres magistrados de inmigración de Charlotte, según el análisis de Reuters.

El “Transactional Records Access Clearinghouse”, una organización de investigación de la Universidad de Siracusa en Nueva York, advirtió por primera vez en 2006 sobre las disparidades en las decisiones de las cortes de inmigración.

Al año siguiente, investigadores de la Universidad de Temple y la Facultad de Derecho de Georgetown concluyeron en un estudio titulado “Ruleta de Refugiados” que “en muchos casos, el momento más importante en un caso de asilo es el instante en que un empleado asigna aleatoriamente una solicitud a un oficial de asilo o un juez de inmigración en particular”.

En el 2008, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO por su sigla en inglés) encontró disparidades similares en su propio estudio.

En respuesta a las crecientes críticas, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración comenzó a seguir las decisiones para identificar a los jueces con tasas de otorgamiento de asilo inusualmente altas o bajas.

Mattingly, portavoz de EOIR, dijo que la agencia llevó a cabo sesiones de capacitación para que los jueces abordaran las disparidades en el 2008 y el 2009. Creó luego un sistema para que el público presente denuncias contra jueces de inmigración.

En un informe del 2016, la GAO descubrió que poco había cambiado. EOIR realizó una sesión de capacitación de dos días el año pasado. No hay capacitación en el calendario 2017.

De 2012 a 2016, EOIR recibió 624 denuncias contra jueces. Las 138 quejas presentadas en el 2016 incluyeron alegatos de parcialidad, así como inquietudes sobre el debido proceso y la conducta de los jueces dentro de la sala del tribunal.

De las 102 quejas que habían sido resueltas cuando fueron publicados los datos, sólo tres resultaron en sanciones, definidas como “reprimenda” o “suspensión” del juez. En 39 casos se tomaron “acciones correctivas”, como asesoría o capacitación. Cerca de la mitad de las quejas fueron desestimadas.

La agencia no identifica a los jueces que fueron sujetos de quejas.

Mattingly dijo que la agencia “toma en serio cualquier reclamo de anomalías injustificadas y significativas en los procesos de decisión de los jueces de inmigración y actúa para evaluar las disparidades en las adjudicaciones de inmigración”.

DÍA EN LA CORTE

Los solicitantes de asilo no pueden obtener la residencia legal en Estados Unidos argumentando que huyeron de sus países por miedo a morir por alguna disputa civil o un crimen o por un desastre natural. Deben convencer al tribunal de que tienen fundados temores de persecución en su país debido a su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social particular.

La definición de un “grupo social particular” ha estado sujeta a interpretaciones contradictorias en los tribunales, pero en general comprende a personas que comparten creencias o rasgos básicos que no pueden o no deben ser modificados.

En la corte de San Francisco, los abogados de Gutiérrez argumentaron que ella tenía derecho al asilo porque como líder de la asociación de padres estaba en riesgo por su opinión política -su posición contra las pandillas- y por pertenecer a un grupo social particular de hondureños opuestos a la violencia de pandillas y al reclutamiento en las escuelas.

Los abogados también sostuvieron que ella era parte de otro grupo social particular como miembro de la familia de alguien bajo amenaza, ya que las pandillas habían aterrorizado a su hijo tratando de reclutarlo.

El juez Holyoak estaba convencido. Gutiérrez dijo a Reuters que durante su audiencia final, el magistrado se disculpó por hacer tantas preguntas sobre lo que había sido un momento doloroso en su vida y que le explicó que necesitaba evaluar su credibilidad.

En la corte de Charlotte, el abogado de Ana se enfocó exhaustivamente en su opinión política, argumentando que corría el riesgo de ser perseguida por su oposición a las pandillas en su cargo en la junta de la asociación de padres.

Después de escuchar el caso de Ana, el juez Couch concluyó en su opinión escrita que Ana no era elegible para asilo porque “no había demostrado un temor bien fundado de una futura persecución”. No estaba convencido de que la mujer fuera perseguida en Honduras debido a su opinión política.

Precedentes legales bien establecidos reconocen a la familia como un grupo social protegido, según el Centro de Estudios sobre Género y Refugiados. Los casos basados en oposición a las pandillas como una opinión política protegida, según el centro, han generado menos decisiones como precedente, haciendo que ese argumento sea más difícil de ganar en las cortes, aunque en algunos sí ha prevalecido.

La respuesta de Ana al amplio cuestionamiento del juez Couch también influyó en la decisión. En una corte de inmigración, el solicitante de asilo suele ser el único testigo. Como resultado, “la credibilidad es realmente el factor clave. Los perseguidores no dan declaraciones juradas”, dijo Andrew Arthur, un exjuez de inmigración que trabaja en el Centro de Estudios de Inmigración, una organización sin fines de lucro que apoya niveles más bajos de inmigración.

El juez Couch escribió en su opinión que la dificultad de Ana para enumerar los nombres de las mujeres en la junta de la asociación pesó en contra de su credibilidad. Señaló que testificó acerca de sus temores hacia la pandilla “con poco interés y poca emoción”, mostrando una “conducta pobre” que “no respaldó su credibilidad”.

El juez también cuestionó por qué, en una entrevista inicial con un oficial de asilo, Ana nunca mencionó amenazas a la asociación de padres y, en cambio, dijo que pensaba que era blanco de las pandillas por el dinero que el padre de su hija enviaba desde Estados Unidos para construir una casa en Honduras.

La afirmación de Ana de que se enteró de amenazas a la asociación de padres cuando se encontró con Gutiérrez en el centro de detención, no fue “convincente”, escribió el juez Couch. “La evidencia indica que este es un caso de extorsión criminal que el demandado intenta convertir en un reclamo de opinión política imputada”.

“ALGUIEN QUIERE MATARLOS”

Gutiérrez contó que Ana le dijo en una de las conversaciones telefónicas ocasionales que sostienen ambas que se sentía intimidada por el intenso interrogatorio del abogado de ICE. Gutiérrez agregó que su amiga “es muy olvidadiza (...) No es que ella quiera mentir, sólo que es muy olvidadiza”.

Lisa Knox, la abogada que representó a Gutiérrez, dijo que los jueces donde ella ejerce tienden a dar a los solicitantes el beneficio de la duda. “Tienen una mayor comprensión de los sobrevivientes de traumas y la dificultad que pueden tener al recordar ciertos detalles y pequeñas discrepancias”, argumentó.

Además, dijo, los solicitantes de asilo no están pensando en los puntos más sutiles de la ley de asilo de Estados Unidos cuando huyen de la persecución. “La gente se presenta en nuestra oficina (y) no tienen idea de por qué alguien quiere matarlos. Simplemente saben que alguien quiere matarlos”.

El abogado de Ana apeló su caso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por su sigla en inglés), el primer paso en el proceso de apelación. Esta vez, su abogado incluyó argumentos sobre su membresía en un grupo social particular. Ella perdió.

En un fallo de tres páginas, un miembro de la junta dijo que el abogado de Ana no pudo presentar un nuevo argumento en la apelación y estuvo de acuerdo con el juez Couch en que Ana no había demostrado un motivo político detrás del ataque de los miembros de la pandilla.

Ana no cumplió con el plazo para apelar la decisión de la BIA ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos porque su abogado confundió la fecha límite.

Ella solicitó a la BIA a través de nuevos abogados que su caso fuera reabierto y enviado de vuelta a la corte de inmigración para permitirle presentar nuevas pruebas de su persecución. Los nuevos abogados argumentaron que su representación anterior había sido ineficiente.

En julio, la BIA concedió a Ana el derecho a una audiencia en una corte de inmigración, enviando su caso de regreso a Charlotte, donde el juez Couch pudiera volver a escucharlo.

Gutiérrez puede vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y en última instancia solicitar la ciudadanía. La mujer de 43 años, que trabajaba como enfermera en Honduras, vive en un pequeño departamento de un dormitorio con su esposo, sus dos hijos, ahora de 15 y 8 años, su hija adulta y su nieto. Ahora trabaja haciendo limpieza en una oficina y está tomando clases de inglés. Sus hijos están en la escuela. Al mayor, amenazado por pandillas en Honduras, le gusta estudiar historia y matemáticas y está aprendiendo a tocar el violonchelo.

Ana, de 31 años, tuvo un bebé luego de que llegó a Estados Unidos y recibió una autorización de trabajo mientras espera una decisión final sobre su caso. Ella y sus abogados se negaron a compartir información más detallada sobre su situación porque sigue temiendo a las pandillas en Honduras.

 

“Estoy muy preocupada”, dijo Gutiérrez. “La situación de nuestro país va cada vez peor”.

En febrero pasado, una mujer de 50 años y su hijo de 29 que vendían comida en la escuela a la que asistían los niños de Gutiérrez y Ana fueron secuestrados de su hogar y decapitados, según los registros policiales.

La cabeza del hijo fue colocada sobre el cuerpo de la madre y la de la madre sobre el cuerpo del hijo. Los asesinatos, como más del 93 por ciento de los crímenes en Honduras, siguen sin resolverse.

Conteo del país

El país de origen influye en quiénes se quedan en Estados Unidos. Una razón es que a los inmigrantes de algunas naciones se les otorgan protecciones especiales. Los de China, por ejemplo, pueden recibir una consideración especial debido a las políticas de control de natalidad de ese país; mientras que los de Honduras, El Salvador y Guatemala obtienen pocas autorizaciones, a pesar de las altas tasas de violencia vinculada a las pandillas. Tasas de órdenes de deportación, por país de origen

Conteo del país

En todo el país

Reuters encontró amplias variaciones entre jueces y cortes sobre la frecuencia con que son deportados los inmigrantes. Houston, Charlotte y Atlanta han sido etiquetados como "zonas libres de asilo" por defensores inmigrantes que dicen que esos tribunales niegan desproporcionadamente las solicitudes de protección. Dentro de cortes específicas, también, las decisiones varían ampliamente de un juez a otro. Tasas de órdenes de deportación, por juez

En todo el país fuente: reuters

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